La explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia, Iztapalapa, ha resultado en al menos 10 muertos y más de 90 heridos, convirtiéndose en el peor accidente de este tipo en la Ciudad de México en una década. La investigación, liderada por la Fiscalía, apunta a una ruptura en el tanque de gas tras un choque, lo que causó la fuga e ignición del gas. Aunque la principal hipótesis sugiere el exceso de velocidad como causa, el mal estado del asfalto también ha sido criticado, aunque el Ministerio Público ha desestimado la presencia de baches en el lugar. Este incidente ha intensificado las críticas sobre la regulación del transporte de materiales peligrosos y generado un fuerte debate sobre la responsabilidad de las autoridades y empresas implicadas.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ha señalado que la empresa de transporte involucrada, Transportadora Silza, no había registrado las pólizas de seguro requeridas, mientras que la compañía insiste en que sí las tenía vigentes. La situación ha provocado un llamado a una mayor supervisión regulatoria. Además, el académico Carlos Rius destaca la gravedad del accidente, advirtiendo que la cantidad de gas liberado podría haber causado daños aún mayores. La explosión ha reavivado el debate sobre las normas de transporte de materiales peligrosos en áreas densamente pobladas, lo que llevó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a proponer la elaboración de un protocolo para regular el tránsito de estos materiales en la capital.
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