El instructor del caso ha otorgado un plazo de diez días a José Manuel Aldama para que presente la lista de propiedades donde presuntamente organizaba encuentros con «señoritas» para el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Esta solicitud se enmarca en una investigación más amplia que busca desentrañar posibles irregularidades y redes de corrupción en el entorno político y empresarial de las islas. La implicación de Torres, un destacado líder político, ha sacudido el panorama local, generando un intenso debate sobre ética y transparencia en el ámbito público. La situación ha provocado una fuerte reacción tanto de la oposición como de la ciudadanía, que demanda claridad y justicia en el proceso.
Este escándalo se suma a otros casos de corrupción que han afectado a la política española en los últimos años, avivando la desconfianza entre la población hacia sus representantes. La instrucción dirigida a Aldama podría ser clave para determinar la profundidad de las acusaciones y el papel exacto de Torres en esta supuesta trama de encuentros ilícitos. Mientras tanto, el presidente canario ha negado categóricamente las acusaciones, manifestando su disposición a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos. El desenlace de esta situación podría tener importantes repercusiones tanto en el ámbito político como en la percepción pública de la integridad del sistema político regional.
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