La Fiscalía Europea ha lanzado una investigación para determinar si hubo malversación de fondos en las obras de renovación de las vías ferroviarias en Adamuz, Córdoba, donde ocurrió un trágico accidente que cobró la vida de 46 personas. Este accidente involucró la colisión de un tren Iryo con un Alvia en un tramo que había recibido más de 111 millones de euros de parte de la Comisión Europea. Dichos fondos eran destinados para una renovación completa que debía incluir la sustitución de raíles y traviesas con el propósito de modernizar la infraestructura de alta velocidad más antigua de España. Esta pesquisa se desarrolla paralelamente a la que ya está en marcha por un juzgado de Montoro, centrada en esclarecer las razones del descarrilamiento. La Audiencia Nacional ha nombrado al juez José Luis Calama para supervisar las garantías procesales de este procedimiento.
Desde Bruselas se solicitó a España la presentación de todos los contratos y números de expediente relacionados con las obras en el tramo afectado, como parte de las diligencias. El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró públicamente a través de X, antes conocido como Twitter, que la fiscalía investiga desde el momento del accidente, aunque restó importancia a las novedades sobre la malversación. Adif, la empresa pública a cargo de la infraestructura ferroviaria, afirma haber colaborado plenamente con la Fiscalía Europea, justificando la utilización de los fondos de manera regular. En paralelo, se espera un informe crucial de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el estado de los raíles, y la jueza a cargo de la investigación local en Montoro aguarda más datos de las cajas negras para esclarecer los hechos.
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