Madrid, 12 de diciembre de 2024.- El Gobierno español ha intensificado sus esfuerzos para combatir las irregularidades en el mercado de viviendas turísticas. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, ha iniciado una nueva línea de investigación a través de la Dirección General de Consumo para examinar a las empresas que gestionan cientos de viviendas turísticas en diversas Comunidades Autónomas. Estas empresas podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales y engañosas, infringiendo la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
La legislación vigente, en su Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, define las prácticas engañosas como cualquier conducta que contenga información falsa o que, aunque veraz, sea susceptible de inducir a error a los consumidores y alterar su comportamiento económico. Específicamente, el Artículo 27 detalla situaciones fraudulentas, como presentarse de forma engañosa como un consumidor o usuario, cuando en realidad se actúa dentro de un ámbito empresarial.
Esta investigación se suma a una serie de acciones emprendidas por el Ministerio, como la pesquisa iniciada el pasado junio sobre plataformas de alojamientos que publicitan viviendas sin licencia turística. La actual pesquisa pone el foco en las operaciones de aquellos pisos turísticos que, aún licenciados, podrían estar siendo gestionados irregularmente por empresas de intermediación en diversas regiones de España.
Pablo Bustinduy ha dirigido también su atención a las prácticas abusivas en el sector del alquiler. Desde octubre, su cartera investiga a agencias inmobiliarias que presuntamente han impuesto comisiones indebidas a inquilinos o que han obligado a firmar contratos temporales sin una justificación clara, impidiendo así el acceso a una vivienda estable.
Estas iniciativas responden a un compromiso declarado por Bustinduy de abordar la crisis de vivienda que afecta a España, una situación que describe como un problema de gran magnitud. Ha destacado que muchas familias se encuentran en situaciones precarias debido a la especulación en el mercado inmobiliario, lo que beneficia a unos pocos en detrimento de la mayoría. El ministro ha exhortado a todas las administraciones públicas a tomar medidas efectivas dentro de sus competencias para frenar esta problemática y proteger a los ciudadanos de prácticas perjudiciales en el ámbito habitacional.
Fuente: Ministerio de Consumo
