El 4 de julio, mientras Estados Unidos conmemoraba el Día de la Independencia, una trágica inundación en Texas dejó aproximadamente 100 personas muertas o desaparecidas, la mayoría jóvenes o niños. Este suceso, provocado por el desborde del Río Guadalupe debido a lluvias intensas, coincidió con la promulgación de la «Gran Maravillosa Ley», que revoca incentivos para energías renovables, elementos cruciales de la Ley de Reducción de la Inflación de Joe Biden. Estas acciones políticas, que socavan los esfuerzos para mitigar el cambio climático, contrastan con propuestas internacionales para enfrentar la crisis climática. Por ejemplo, la Comisión Europea presentó una enmienda para reducir emisiones de gases de efecto invernadero al 2040, aunque menos ambiciosa de lo que se esperaba.

En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la opinión consultiva OC-32/25, subrayando las obligaciones de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos frente a la emergencia climática. Resaltó la importancia de actuar con urgencia y eficacia, estableciendo que el reconocimiento del derecho a un clima sano es un avance significativo hacia la justicia climática. La CIDH llamó a los Estados a abstenerse de acciones que puedan retroceder en la protección ambiental y enfatizó la necesidad de debida diligencia reforzada ante el riesgo climático. Este enfoque judicial podría influir en decisiones futuras de otras cortes internacionales, fortaleciendo los marcos legales para la acción climática global.

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