El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, bajo la dirección de Juan Carlos Peinado, avanza en la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este viernes, Peinado escuchó a cuatro testigos de la Universidad Complutense de Madrid, propuestos por Gómez, para defender su actuación en la firma de contratos de software y el registro de un dominio de la cátedra que codirigía, atribuibles a órdenes del centro educativo. La interventora de la Complutense, María Elvira Gutiérrez, respaldó que, aunque Gómez no era personal de la universidad, su firma en dichos documentos fue legítima, al seguir la «trazabilidad administrativa» requerida. Las declaraciones del viernes se centraron en los cargos de apropiación indebida y de intrusismo, que se derivan de la firma de pliegos técnicos y el registro del software presuntamente a título personal.
Mientras tanto, el entorno judicial se agita con la readmisión del pseudosindicato Manos Limpias en el caso, tras el pago de su fianza. La denuncia inicial de Manos Limpias había sido la chispa para el proceso contra Gómez, aunque habían sido temporalmente apartados por impagos. Además, la Universidad Complutense y La Moncloa han proporcionado documentación para esclarecer el papel que jugó Cristina Álvarez, asesora de La Moncloa e imputada junto a Gómez por malversación de caudales públicos. Álvarez es señalada como la presunta «interlocutora» entre Gómez y la universidad en el máster de Transformación Social Competitiva, un programa que también está bajo escrutinio. Ante este escenario, el juez Peinado ha ordenado que toda la información aportada por Presidencia del Gobierno sea examinada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, con el fin de elaborar un informe detallado sobre el presunto uso indebido de recursos públicos.
Leer noticia completa en El Pais.
