En un contexto donde la política migratoria de la administración de Donald Trump ha generado múltiples controversias, la discriminación lingüística emerge como una herramienta adicional de segregación. Recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a tres personas en Milwaukee por la mera razón de haber sido escuchadas hablando español. Estos individuos, quienes acabaron por ser ciudadanas estadounidenses, fueron llevados a un centro de detención antes de que se esclareciera su situación. Este evento subraya cómo, en un clima de desconfianza y hostilidad hacia los migrantes, el uso de un idioma distinto al inglés puede desencadenar medidas injustas y prejuicios que desdibujan el respeto a la diversidad cultural en el país.
La estrategia de la administración actual parece alimentar estigmas y temor entre las comunidades hispanohablantes, afectando no solo a inmigrantes indocumentados sino también a ciudadanos estadounidenses de ascendencia latina. Esta postura ha sido criticada por expertos que advierten sobre los peligros de asociar un idioma con amenazas para la seguridad nacional. En Estados Unidos, un país históricamente diverso, esta dinámica de rechazo hacia ciertas lenguas desafía los principios democráticos y promueve un ambiente de odio basado en diferencias culturales y lingüísticas. La situación exige un debate profundo sobre cómo las políticas de inmigración pueden influir en la percepción social y en la convivencia entre distintas comunidades culturales.
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