El proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha evidenciado múltiples altibajos desde su reanudación en 2022 bajo la administración de Gustavo Petro. Tras un cese al fuego inédito que se extendió por un año, las conversaciones se estancaron, dificultadas por decisiones controversiales del ELN, como la retomada de secuestros extorsivos y la participación en enfrentamientos con disidencias de las FARC en la región del Catatumbo. Esta situación, que generó desplazamientos masivos y numerosas muertes, provocó que el presidente Petro suspendiera formalmente los diálogos en enero de 2025, calificando las acciones del ELN como crímenes de guerra.
A pesar de los intentos por avanzar en la agenda de paz, como la firma del primer acuerdo sobre la participación de la sociedad civil, las tensiones se han intensificado con atentados recientes atribuidos a la guerrilla, incluyendo uno en Puerto Jordán, Arauca. La crisis se ha complicado aún más debido a la fractura interna del ELN con la aparición del Frente Comuneros del Sur. Mientras tanto, las negociaciones paralelas del Gobierno con este grupo disidente resaltan las dificultades de un proceso plagado de escepticismo tanto a nivel nacional como internacional, poniendo en duda la viabilidad de una paz duradera.
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