Desde principios de octubre, el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas enfrenta una reducción significativa en el número de agentes de control de fronteras debido a que el Ministerio del Interior ha reasignado parte de este personal a la vigilancia de las saturadas salas de asilo. Esta medida se implementó como respuesta a las crecientes fugas de inmigrantes rechazados al aterrizar en España, una decisión que ha generado críticas entre los agentes debido a que resta efectivos en los puestos de control, lo que podría facilitar la entrada irregular y aumentar el número de solicitantes de asilo en el aeropuerto. La situación es agravada por la normativa que permite solicitar asilo múltiples veces, aun cuando sea denegado, lo que resulta en que algunos inmigrantes permanezcan encerrados en las instalaciones durante meses.
La Fiscalía de Madrid ha manifestado su preocupación ante la llegada masiva e incontrolada de migrantes no acompañados, particularmente provenientes de Casablanca, quienes ingresan sin documentos a propósito para complicar su rápida identificación y repatriación. Este fenómeno no solo está colapsando el aeropuerto sino también los recursos de acogida. Según estadísticas de la Fiscalía, el número de diligencias para determinación de edad casi se duplicó de un año a otro, lo que refleja la incapacidad de gestionar efectivamente el flujo migratorio en Barajas. Esto ha resultado en que gran parte de estas diligencias permanezcan sin resolver, contribuyendo al colapso de los servicios encargados de estos procedimientos.
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