Los grupos de Policía Judicial de todas las comunidades autónomas con conexión de alta velocidad han dejado de atender sus responsabilidades habituales para centrarse en un problema crónico que, a pesar de haber sido ampliamente denunciado durante años, no ha encontrado solución efectiva. La situación ha generado preocupación entre los ciudadanos y autoridades, ya que la falta de atención a otras áreas de trabajo esenciales podría tener consecuencias adversas en la resolución de delitos y el mantenimiento del orden público. Este cambio de enfoque ha sido impulsado por la frustrante persistencia de la problemática no resuelta, lo que muestra una cierta desesperación dentro de las fuerzas policiales ante la inacción precedente.
El redireccionamiento de los esfuerzos de la Policía Judicial también ha generado críticas sobre la gestión de recursos y prioridades en el ámbito de la seguridad, cuestionando si es la mejor estrategia para abordar este problema crónico. La continua falta de avances concretos ha exasperado a sectores de la sociedad, que observan cómo esta desviación de atención podría comprometer la eficacia en diversas investigaciones criminales. Las autoridades aseguran que se están tomando medidas para equilibrar la carga de trabajo y retornar a la normalidad lo antes posible, pero el escepticismo persiste dado el historial de inacción frente a estas denuncias reiteradas.
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