Cuatro días después de las devastadoras inundaciones provocadas por la DANA en la región del Levante español, el país se enfrenta a una dramática situación caracterizada por la falta de información precisa sobre el número de desaparecidos. Aunque el saldo oficial de fallecidos ha ascendido a 207, las autoridades no han logrado determinar cuántas personas siguen desaparecidas. Los servicios de emergencia han recibido aproximadamente 2.500 denuncias de desapariciones, de las cuales alrededor de 600 han sido resueltas con final feliz. Sin embargo, la incertidumbre persiste, alimentada por un flujo informativo insuficiente por parte del Gobierno, lo que contrasta con el manejo habitual de este tipo de desastres en otros contextos democráticos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sostenido que es imposible ofrecer un número exacto de desaparecidos y ha subrayado que muchas de las 1.900 llamadas no resueltas reportadas al servicio de emergencias 112 podrían deberse a fallos de comunicación. La Generalitat valenciana apoya esta postura, insistiendo en que la comunidad afectada debe esperar más tiempo antes de recibir cifras definitivas. Mientras tanto, la desesperación crece entre los familiares que buscan a sus seres queridos en un paisaje de destrucción, al igual que las críticas hacia la respuesta gubernamental, especialmente en lo referente a la provisión de necesidades básicas como agua potable y alimentos. La gravedad de la situación pone de manifiesto una falta de coordinación y respuesta que preocupa a la población, en particular a los sectores más vulnerables.
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