En Badalona, el desalojo del antiguo instituto B9 ha dejado a cientos de migrantes sin hogar ni perspectivas inmediatas de encontrar uno. Desalojados a mediados de semana mediante un amplio operativo policial, muchas de estas personas han buscado refugio provisional bajo una salida de la autovía C-31 y en otras áreas del barrio de Sant Roc, tras ser impedidos por la Guardia Urbana de instalar tiendas de campaña en la plaza cercana al lugar. La situación ha generado una crisis humanitaria, agudizada por las intensas lluvias y la dispersión paulatina de los desalojados debido a la presión policial, pese a las promesas del alcalde Xavier García Albiol de manejar la situación con «mano izquierda».

El Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña ha denunciado lo que consideran un «acoso policial», alertando que estas personas no pueden simplemente desaparecer sin dejar rastro. La actuación ha sido criticada también a nivel internacional, con relatores de la ONU expresando su preocupación por lo que califican como una «grave violación» de los derechos fundamentales de los migrantes. Mientras tanto, las autoridades locales intentan evitar la consolidación de un campamento en el espacio público, argumentando que mantener el orden es necesario, a pesar de las críticas por la falta de soluciones alternativas para los afectados.

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