La tensión se ha intensificado entre los inspectores de Hacienda ante la posibilidad de que Cataluña obtenga un modelo de financiación singular, actualmente en negociaciones entre el Gobierno central y la Generalitat. Durante el XXXV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado en Salamanca, más de 650 miembros expresaron su preocupación por el llamado «cupo catalán», en un encuentro teñido de inquietud política. La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, advirtió sobre los riesgos de crear una «Agencia Tributaria paralela», similar a la de País Vasco y Navarra, lo que podría comprometer la igualdad territorial del sistema tributario español.
Los inspectores temen que un acuerdo con Cataluña permita una gestión independiente del IRPF, lo que debilitaría los controles fiscales y podría incentivar a otras comunidades a buscar acuerdos similares. Según el pacto establecido en 2024 entre el PSOE y ERC, Cataluña comenzará a gestionar el IRPF a partir de 2026, consolidando una relación fiscal bilateral con el Estado que conlleva un cupo de solidaridad y otro por servicios estatales. Mientras el Ministerio de Hacienda trabaja en una reforma de la financiación, buscando un equilibrio multilateral que aún enfrenta desafíos de consenso con comunidades gobernadas por el PP, el tema ha ganado protagonismo tras la adaptación de la Agencia Tributaria de Cataluña a este modelo, generando críticas sobre su legalidad y urgencia.
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