En los últimos veinte años, España ha experimentado un cambio significativo en la percepción y tratamiento de la violencia de género. Las campañas institucionales desplegadas han logrado sensibilizar a la sociedad sobre un problema que previamente carecía de un nombre definido y cuyas manifestaciones muchas veces se minimizaban. Este progreso, aunque notable, enfrenta actualmente un desafío crítico al tratar de discernir la eficacia de las estrategias implementadas ante el aumento de casos en 2024. A pesar de la mayor conciencia social, los datos siguen siendo preocupantes, con más de 40 asesinatos vinculados a la violencia de género reportados este año.
Las cifras son alarmantes y reflejan una realidad urgente: el 16% de las jóvenes españolas han reportado haber sido víctimas de acoso sexual este año, y cuando se considera la violencia física o psicológica, el porcentaje se eleva al 27%. Estas estadísticas subrayan la necesidad de un replanteamiento de las estrategias actuales por parte de las instituciones, cuyo impacto hasta ahora parece insuficiente. En un contexto donde la sensibilidad social está en aumento, la persistencia de estos problemas plantea cruciales cuestionamientos sobre la eficacia y el alcance real de las medidas adoptadas.
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