Juan Carlos Ramírez Michaca, de 39 años, permanece encarcelado desde hace dos décadas, tras una serie de eventos que él y su familia denuncian como injustos y arbitrarios. Su caso comenzó la madrugada del 20 de febrero de 2005 cuando fue detenido brutalmente por policías judiciales del Estado de México, quienes lo acusaron de un triple homicidio sin contar con pruebas sólidas en su contra. Según se detalla, durante su aprisionamiento, Juan Carlos fue víctima de torturas y presiones para que admitiera un crimen que no cometió. A pesar de la falta de pruebas contundentes y testigos que posteriormente se retractaron, la justicia siguió un proceso repleto de irregularidades que lo condenó a una pena de 70 años. Ahora, internado en el Centro Federal de Readaptación Social 13 en Oaxaca, sus familiares, abogados y un círculo de amigos luchan por su amnistía, invocando la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a personas detenidas injustamente.
A lo largo de estos años, Juan Carlos ha sido trasladado entre distintas prisiones, siempre enfrentando adversidades y una administración penitenciaria que parece decidida a hundir más su caso en el olvido. En la actualidad, su esposa Alejandra y sus dos hijos, Tadeo y Carlos, aguardan con anhelo la posibilidad de que una revisión del caso, ya sea judicial o por vía de la amnistía, logre revertir una condena que consideran injusta. Mientras tanto, Alejandra guarda con esmero las obras que Juan Carlos produce desde la prisión, pequeñas muestras de su talento y dedicación que les ayudan a mantener viva la esperanza en la reunificación familiar. El caso de Ramírez Michaca es apenas uno de los muchos que señalan la urgencia de una revisión exhaustiva del sistema penal, para corregir errores del pasado y redefinir el futuro de quienes han sido injustamente incriminados.
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