El Consejo de Gobierno ha dado un paso crucial en su reunión más reciente al conocer el proyecto de decreto que busca establecer un sistema de evaluación normativa más riguroso en la región, cuya aprobación se anticipa para el primer semestre del año. Este decreto, una vez en vigor, requerirá que cada disposición normativa sea sometida a una evaluación ex post dentro de un plazo máximo de cuatro años desde su implementación, con excepción de aquellas disposiciones que, al tener rango de ley, especifiquen un plazo distinto.
Un aspecto significativo de esta iniciativa es la introducción de una fecha de caducidad para las leyes autonómicas que regulan internamente la administración pública, tales como la estructura y funciones de los órganos o procedimientos. Estas normativas, que no desarrollan materias jurídicas generales sino que se enfocan en la operatividad interna, tendrán una vigencia de cinco años a menos que se justifique su necesidad tras una evaluación ex post. Ejemplos claros de este tipo de normativas incluyen las que regulan el funcionamiento de órganos colegiados o los principios de la Mesa de Diálogo Social.
En paralelo a estas medidas, la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa tendrá el encargo de revisar los procedimientos administrativos en el lapso de un año desde la entrada en vigor del decreto. Este esfuerzo busca priorizar un enfoque que beneficie a los ciudadanos al implementar el silencio positivo en los casos donde no haya resolución expresa dentro del plazo establecido.
La evaluación de las normativas también integrará una fase de consulta pública como parte de un enfoque participativo que involucra tanto a ciudadanos como a empresas. Los resultados de este proceso culminarán en un informe elaborado por la consejería competente, determinando así si una normativa debe mantenerse o caducar tras cinco años de vigencia.
Este enfoque de verificación no solo apunta a constatar el logro de los objetivos inicialmente previstos, sino que también evalúa la necesidad de ajustar las normativas al contexto actual. Además, se ha contemplado un procedimiento abreviado para leyes de simplicidad operativa que permitirá acortar plazos de tramitación tras superar los controles pertinentes, un movimiento pensado para agilizar los procesos administrativos similares a la tramitación en lectura única en la Asamblea.
Con este marco, la Comunidad de Madrid busca reducir la carga reglamentaria con el propósito de estimular la actividad económica, atraer inversiones y talento, y conjugar esto con una simplificación burocrática que refuerce la seguridad jurídica. Esta medida, así, se presenta no solo como una reforma normativa, sino como un esfuerzo integral para modernizar y optimizar el contexto regulatorio en beneficio de los ciudadanos y actores económicos en la región.
