La crisis de feminicidios en Turquía ha puesto en tela de juicio las acciones y políticas gubernamentales en torno a la violencia de género. Tras la retirada del Convenio de Estambul hace tres años, el país ha sido testigo de un aumento alarmante de casos, con 375 mujeres asesinadas en lo que va de año. El presidente Recep Tayyip Erdogan ha expresado su descontento con la situación y ha prometido endurecer las penas para aquellos con antecedentes penales. Sin embargo, la ley 6284 sobre Protección de la Familia y Prevención de la Violencia contra la Mujer está recibida con críticas, considerada ineficaz por su falta de aplicación adecuada y por la corta duración de las órdenes de alejamiento. Las críticas no solo recaen sobre las leyes, sino también sobre la cultura institucional que a menudo falla en proteger a las víctimas y que, según activistas, fomenta una atmósfera de impunidad que envalentona a los agresores.
El panorama es agravado por el desinterés político en aplicar completamente las protecciones legales existentes, y la desconfianza generalizada hacia un sistema que falla repetidamente a las víctimas. A pesar de un clima que desmotiva a las mujeres a denunciar, ha habido esfuerzos tecnológicos como la aplicación Kades, diseñada para ofrecer ayuda inmediata, cuyas millones de descargas reflejan tanto su necesidad como su utilidad. Las manifestaciones feministas en Turquía, a menudo sofocadas por un control estatal autoritario, continúan ganando visibilidad y fuerza. Las activistas luchan por mantener la presión a favor de políticas efectivas que erradiquen la violencia de género, lo que demuestra el creciente reconocimiento de la desigualdad sistémica que enfrentan las mujeres en el país.
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