En Venezuela, las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro han resultado en la detención de 1,784 personas, según informa el grupo de derechos humanos Foro Penal. Estos individuos enfrentan serios cargos de “terrorismo” o “incitación al odio”, con posibles sentencias que oscilan entre 10 y 30 años de prisión, dejando una estela de preocupación sobre el respeto a los derechos humanos y el debido proceso en el país. En este contexto, la cárcel se convierte en una herramienta de control político, mientras organizaciones internacionales y locales critican lo que consideran un uso desproporcionado y arbitrario de las leyes para silenciar la disidencia.
Particularmente preocupante es la situación de 70 adolescentes, de entre 14 y 17 años, catalogados como presos políticos, lo cual subraya la gravedad del panorama de derechos humanos en Venezuela. El estado de Carabobo se destaca con 297 presos políticos, siendo el más destacado por el número de detenidos. Entre ellos se encuentra Aliangel José Rodríguez, cuyo caso ilustra el desafío que enfrentan muchos menores encarcelados sumidos en un limbo legal. Esta situación ha atraído la atención de la comunidad internacional, que continua abogando por investigaciones y acciones que garanticen justicia y respeto por los derechos fundamentales de todos los ciudadanos venezolanos.
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