La reciente absolución del exfutbolista Dani Alves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha generado un torrente de reacciones, destacando la indignación de figuras políticas como la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Montero expresó su descontento durante un acto en Jaén, calificando la sentencia de «vergonzosa» al cuestionar el testimonio de la víctima y al priorizar, según ella, la presunción de inocencia sobre la palabra de mujeres jóvenes que se atreven a denunciar a personas poderosas. La decisión de revocar la condena de 4 años y 6 meses de prisión dictada anteriormente por agresión sexual en una discoteca de Barcelona ha puesto en el centro de la controversia la fiabilidad del testimonio de la denunciante y la falta de pruebas suficientes.
El fallo ha motivado un mensaje de apoyo a la denunciante de parte de Montero y otros políticos, como Ana Redondo y la eurodiputada Irene Montero, quienes han enfatizado la necesidad de escuchar la voz de las mujeres víctimas de violencia sexual. Mientras tanto, Ester García, abogada de la denunciante, ha anunciado la intención de apelar la sentencia, señalando el impacto emocional que ha tenido en su representada. Este proceso judicial podría abrir múltiples escenarios, incluyendo una posible indemnización a Alves, la aceptación del recurso en el Tribunal Supremo o el inicio de nuevas acciones legales por parte del futbolista. La situación se mantiene incierta, pendiente de los próximos pasos legales y las decisiones que las partes involucradas decidan tomar.
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