En un movimiento decisivo para combatir prácticas abusivas en el sector inmobiliario, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España ha lanzado un expediente sancionador contra una prominente agencia inmobiliaria. Dirigido por Pablo Bustinduy, el ministerio ha focalizado sus esfuerzos en investigar esquemas que podrían estar perjudicando a miles de inquilinos en todo el país.
La investigación, que comenzó en octubre de 2024, apunta a esclarecer denuncias recibidas de organizaciones como el Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA y la OCU. Estas entidades han reportado actividades consideradas como cláusulas abusivas, incluyendo el cobro de comisiones por gestionar arrendamientos, imposición de seguros y servicios no requeridos por los inquilinos. Tales prácticas, prohibidas bajo la «Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda», violan los derechos de los inquilinos al trasladarles costes que deberían ser asumidos por los propietarios.
La normativa vigente tipifica estas infracciones en dos niveles: graves y muy graves. Las primeras pueden acarrear multas de hasta 100.000 euros, escalando hasta seis veces el beneficio obtenido de manera ilícita. Las muy graves, sin embargo, podrían resultar en sanciones de hasta un millón de euros, multiplicándose hasta ocho veces el beneficio ilícito logrado.
Este suceso no es un caso aislado. Consumo ya había tomado medidas en contra de plataformas de alquiler de viviendas turísticas, emitiendo un expediente tras la resistencia de estas a eliminar anuncios considerados como publicidad ilícita. En paralelo, expedientes en contra de grandes gestoras de viviendas turísticas también fueron abiertos debido a la difusión de información potencialmente engañosa, fenómeno que viola la Ley de Competencia Desleal.
El ministerio subraya que la vivienda es un derecho protegido por la ley y resalta su compromiso con la protección de los consumidores en el acceso a esta necesidad básica. Dentro de esta prioridad, se han emprendido acciones informativas dirigidas a operadores del mercado, advirtiendo sobre conductas abusivas en los contratos de alquiler. Prácticas como exigir fianzas excesivas o imponer garantías adicionales a los inquilinos son objeto de escrutinio.
Desde Consumo se aclara que la apertura de este expediente sancionador no prejuzga el resultado de las investigaciones en marcha. Sin embargo, este paso subraya un compromiso claro y contundente hacia la protección de los consumidores y la garantía de habitar espacios en condiciones justas y legales.
Fuente: Ministerio de Consumo
