La ciudad de Alcalá de Henares se encuentra inmersa en una controversia política tras el inicio, este lunes, de una Comisión de investigación que examina las adjudicaciones de contratos a familiares de dos concejalas socialistas durante el mandato del exalcalde Javier Rodríguez Palacios. En su apertura, se designará a la primera teniente de alcaldesa, Isabel Ruiz Maldonado, como presidenta de la Comisión, y se establecerá el calendario de comparecencias. La investigación, impulsada por el gobierno actual del Partido Popular, busca esclarecer si hubo conflicto de intereses y si se incumplió la Ley de Contratos del Sector Público, la cual prohíbe la contratación con administraciones de personas vinculadas familiarmente a los adjudicatarios.
Las pesquisas se centran en la empresa A3 Design & Printing, administrada por el marido de la concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, la cual recibió 18 contratos menores por un total de 34.000 euros a lo largo de la legislatura. Además, están en la lupa 16.000 euros adicionales facturados al ente público Alcalá Desarrollo. Asimismo, se analiza un contrato vinculado a la concejala Blanca Ibarra, que involucra 5.000 euros destinados a publicidad en un medio dirigido por su madre, alejado de los canales institucionales habituales del Ayuntamiento. El Partido Popular de Alcalá ha manifestado su interés en esclarecer posibles responsabilidades más allá del ámbito judicial, extendiéndose a todo el equipo de gobierno anterior, marcado por un procedimiento considerado irregular y amoral.
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