En la audiencia que se llevó a cabo ante el tribunal, la defensa argumentó que las pruebas incautadas durante los registros no deberían ser consideradas para emitir una sentencia. Los abogados sustentan que el procedimiento utilizado por las autoridades durante las incautaciones podría haber vulnerado los derechos del acusado, lo que invalida la legitimidad de las evidencias recogidas. Asimismo, han cuestionado los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO), sugiriendo que podrían estar basados en procedimientos cuestionables y, por tanto, carecer de validez para influir en la decisión final del caso.
La postura de la defensa ha generado un debate sobre la legalidad de las pruebas y el modo en que se recopilaron, lo cual podría tener un impacto significativo en el desenlace del juicio. Ante los siete magistrados encargados de dictar sentencia, la defensa enfatiza que cualquier irregularidad en el proceso de obtención de pruebas debería llevar a su exclusión del caso. Este argumento busca garantizar que el proceso judicial se mantenga dentro del marco legal y constitucional, protegiendo los derechos fundamentales del acusado y asegurando que el veredicto se base únicamente en evidencias legítimamente obtenidas.
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