La aplicación de la condicionalidad reforzada en España ha sido objeto de una exhaustiva evaluación, conforme a los controles realizados durante el año 2024. Este análisis, que abarca la totalidad del territorio nacional, ha sido elaborado a partir de la meticulosa recopilación de datos de las 17 comunidades autónomas del país. La información correspondiente fue comunicada al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) el 30 de septiembre de 2025, cumpliendo con lo estipulado en el artículo 12.3. del Real Decreto 1049/2022.
Este proceso de supervisión busca garantizar que las prácticas agrícolas cumplan con los estándares ambientales, de salud pública, de sanidad animal y de fitosanidad establecidos por la normativa vigente. La implementación de estas medidas tiene como objetivo asegurar la calidad de los productos agrícolas, proteger los recursos naturales y velar por el bienestar animal, constituyendo un pilar fundamental para el desarrollo sostenido del sector agroalimentario español.
Los controles realizados en 2024 han proporcionado un panorama detallado sobre el nivel de cumplimiento de las normativas. Cada comunidad autónoma ha desempeñado un papel crucial al proporcionar los datos necesarios para la elaboración de este informe, que ahora se presenta como una herramienta valiosa para la política agraria española.
Cabe destacar que este informe no solo evalúa el rendimiento de las comunidades autónomas en la implementación de la condicionalidad reforzada, sino que también identifica áreas de mejora y sugiere acciones correctivas. El objetivo final es fomentar un modelo agrícola sostenible y competitivo, que responda tanto a las necesidades del mercado como a las exigencias medioambientales.
En definitiva, la condicionalidad reforzada se consolida como un mecanismo esencial para el sector agrícola. La colaboración entre las comunidades autónomas y el FEGA es crucial para continuar avanzando hacia una agricultura moderna y respetuosa con el entorno, asegurando así la prosperidad y la sostenibilidad de este sector vital para la economía española.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
