En un reciente escándalo que ha sacudido el ámbito político y digital, se ha revelado que una red social de gran envergadura podría haber estado involucrada en prácticas ilícitas destinadas a beneficiar a un candidato prorruso. Las investigaciones preliminares sugieren que la plataforma digital no solo facilitó pagos ilegales que favorecían al político, sino que también promovió su perfil de manera extraordinaria a través de miles de cuentas automatizadas. Esta acusación arroja dudas sobre la integridad de los procesos democráticos y la influencia de las redes sociales en la política contemporánea, encendiendo el debate sobre la regulación y supervisión de estas plataformas.
Además de las transacciones irregulares y el impulso promocional del candidato, se han registrado 85.000 intentos de piratería informática relacionados con este asunto, lo que subraya la dimensión cibernética de la controversia. Estas intrusiones no solo buscan manipular la percepción pública sino también sabotear la competencia electoral legítima, poniendo en riesgo la confianza del público en la seguridad digital y electoral. Las autoridades han iniciado investigaciones exhaustivas para determinar el alcance y las implicaciones de estos actos, en un esfuerzo por garantizar la transparencia y proteger los procesos democráticos de influencias externas y cibernéticas malignas.
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