En mayo, España ha registrado un incremento en la tasa de inflación, alcanzando el 3,6%, tres décimas más que el mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este crecimiento se atribuye en gran medida al ascenso en los precios de la electricidad y a que los carburantes han disminuido su precio en menor medida en comparación con el año anterior. Este fenómeno ha situado a la vivienda y al transporte como los principales sectores contribuyentes a esta subida del Índice de Precios al Consumo (IPC), siendo notoria la influencia de la electricidad que ha elevado la tasa del sector vivienda un 1,2 puntos hasta el 5,2%, mientras que el transporte aumentó su tasa en nueve décimas, situándose en el 3,8%.
A pesar de este panorama, se registra una notable excepción en la inflación de los alimentos, cuya tasa interanual se ha reducido tres décimas, ubicándose en el 4,4%, marcando uno de los niveles más bajos desde noviembre de 2021. Este descenso ha sido posible gracias a menores aumentos de precios en frutas y carne, así como a reducciones en los precios de los aceites y grasas.
La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, también ha experimentado un aumento, situándose en el 3%. Este leve ascenso se ha vinculado principalmente con el incremento de precios en servicios relacionados con el turismo, aunque este indicador sigue estando por debajo de la inflación general.
La situación advierte de los desafíos económicos que enfrenta España, destacando la importancia del comportamiento de los precios de la energía y su impacto en los costes de vivienda y transporte. Además, la moderación observada en la inflación de los alimentos sugiere esperanza para los hogares más afectados económicamente. De cara al futuro, variables como el mercado energético y la estabilidad en los precios de los alimentos serán cruciales, así como las políticas económicas que implemente el gobierno para mitigar el impacto inflacionario en los consumidores. Esta coyuntura subraya la necesidad de medidas adecuadas para garantizar la protección de los consumidores y la estabilidad económica en los próximos meses.
