El incremento de incapacidades temporales y permanentes en España está generando un impacto significativo tanto en las cuentas del Estado como en el sector privado. Según la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el absentismo laboral podría suponer un gasto de 32.800 millones de euros este año, con las empresas asumiendo la mitad de ese coste. Las estadísticas del Ministerio de Seguridad Social reflejan un aumento del 8,45% en las incapacidades permanentes de enero de 2024 a junio de 2025, un fenómeno atribuido en parte a un cambio en la edad de conversión de pensiones, que ahora se efectúa a los 66 años y seis meses en lugar de 65 años. Este cambio, junto al envejecimiento de la población, explica el crecimiento sostenido en el número de pensiones.
A pesar del aumento en las estadísticas, autoridades del Ministerio liderado por Elma Saiz indican que esto no implica un aumento en el gasto, sino que responde a factores demográficos y administrativos. Por otro lado, desde Comisiones Obreras, Mariano Sanz señala que problemas estructurales, como el atasco en tribunales de valoración desde la pandemia, podrían haber contribuido al aumento de resoluciones pendientes. Además, se ha observado un alza en patologías con bajas extendidas, lo cual propicia la solicitud de incapacidades permanentes. Paralelamente, el Ministerio de Trabajo busca abordar el absentismo mediante la incorporación de medidas en las empresas, aunque las negociaciones no han llegado a un acuerdo concreto. En respuesta a la creciente preocupación, se ha aprobado un nuevo reglamento que facilita la jubilación anticipada en profesiones con altas tasas de bajas, además de modificar el Estatuto de los Trabajadores para eliminar el despido automático por incapacidad permanente.
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