El Consejo de Gobierno ha dado un paso significativo en la promoción de la asistencia jurídica gratuita al aprobar dos subvenciones directas destinadas a reforzar los servicios legales en la Comunidad de Madrid. La primera subvención, por un monto de 49.100.000 euros, se dirigirá al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH). Mientras tanto, la segunda, de 7.950.000 euros, beneficiará al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM).
Esta iniciativa busca asegurar que el derecho constitucional de la tutela judicial efectiva y la asistencia jurídica gratuita se garanticen para aquellos ciudadanos que carecen de suficientes recursos económicos. En 2024, un total de 70.677 personas en la región han recurrido a este valioso servicio público.
La administración de los pagos a los abogados se realizará a través del Consejo de Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid, abarcando tanto al ICAM como al ICAAH. En el ámbito de la procura, los fondos serán canalizados mediante el Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.
Según las últimas cifras de la memoria anual 2023 del Consejo General de la Abogacía Española, la Comunidad de Madrid cuenta con 75.867 abogados colegiados, distribuidos entre los 74.444 del ICAM y los 1.423 del ICAAH. Por su parte, el ICPM agrupa a 1.955 miembros.
En paralelo a estas inversiones, el gobierno regional está finalizando un nuevo Decreto que tiene como objetivo regular la asistencia jurídica gratuita. Esta normativa propondrá un marco más ágil para el funcionamiento de los órganos implicados, además de establecer claras directrices sobre las relaciones entre la Administración y los colegios profesionales.
El esfuerzo del Ejecutivo madrileño por simplificar los trámites administrativos es patente, buscando siempre facilitar los procesos para los ciudadanos. El nuevo proyecto de Decreto detalla de forma precisa las responsabilidades de los colegios profesionales, asegurando un adecuado desempeño en la prestación del servicio.
Adicionalmente, se ha conocido un informe de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, que señala que la inversión regional en este rubro alcanza 62.940.000 euros este año, un incremento del 9,9% respecto a 2024. Esta cifra incluye servicios como la orientación jurídica, la representación procesal y el turno de oficio.
Comparativamente, el presupuesto del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para 2025, que abarca comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura, y otras, es de 53.288.520 euros para una población de 8.520.220 personas. La Comunidad de Madrid, con una población de 7.009.268, destinará 9.651.480 euros más que el Gobierno central, invertiendo 8,98 euros por habitante en contraste con los 6,25 euros destinados por el Ministerio, marcando una diferencia del 43,57% a favor de Madrid.
Esta comparativa pone de manifiesto el compromiso del gobierno regional en asegurar una robusta cobertura legal para sus ciudadanos, subrayando su protagonismo y liderazgo en la inversión por habitante en este fundamental servicio social.
