En un contexto de creciente necesidad en la asistencia jurídica gratuita, el Ejecutivo autonómico ha reafirmado su compromiso con la justicia universal. Según García Martín, el esfuerzo del Gobierno regional no solo busca cumplir con un mandato constitucional, sino también hacer que este derecho sea una realidad vivida por los ciudadanos con insuficiencia de recursos. «Agradezco a todos y cada uno de los letrados y procuradores que llevan a cabo el turno de oficio, por hacer real y efectivo este derecho a la defensa jurídica y a la representación procesal los 365 días del año», subrayó.
Para el año 2024, el Gobierno regional ha anunciado un incremento del 9,2% en la inversión destinada a garantizar este derecho, totalizando así 56,3 millones de euros. Este incremento incluye la revalorización de los módulos de abogados en un 4% y la creación de cuatro nuevos baremos. Estos baremos contemplan actuaciones profesionales hasta ahora no recogidas en el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, tales como el recurso de apelación contra auto de prisión, el escrito de reconvención, la orden de alejamiento y la doble condición de acusación/defensa.
En cuanto a la distribución de los expedientes registrados, el orden Penal lidera con un 60,15%, seguido por el orden Civil con un 24,23%, el Contencioso Administrativo con un 8,51%, y el orden Social con un 7,1%. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ha recibido, a través del servicio público 012, un total de 8.428 llamadas y 152 consultas de manera presencial en las diversas oficinas de Atención al Ciudadano.
No obstante, el incremento presupuestario y el compromiso con la asistencia jurídica gratuita no ocultan la alarmante falta de personal en el sector de Justicia. García Martín ha hecho hincapié en la necesidad urgente de más funcionarios para garantizar una Justicia que sea tanto ágil como eficaz. «El año pasado pedimos al Ministerio 470 plazas y nos asignó únicamente 174, que no cubrían ni la tasa de reposición de efectivos», lamentó. Ante esta situación y con cautela, han solicitado 629 plazas este año, temiendo una respuesta similar a la del año pasado.
En términos de comparativa presupuestaria, la Comunidad de Madrid, con un millón y medio menos de habitantes que los territorios gestionados directamente por el Ministerio, asigna 3 millones de euros más a la asistencia jurídica gratuita. “Mientras que el Ejecutivo central invierte 6,39 euros por habitante, nosotros llegamos a los 8,18 euros”, concluyó García Martín.
Esta problemática subraya la necesidad de una mayor coordinación y apoyo del Gobierno central para resolver las deficiencias en recursos humanos que afectan al sistema judicial. La inversión en asistencia jurídica gratuita es fundamental, pero sin el personal adecuado, el acceso a una justicia plena y eficiente sigue estando en entredicho.
