El reciente apagón eléctrico ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las redes móviles y fijas ante fallos de energía prolongados. Sin embargo, también ha sacado a la luz un problema menos visible pero igualmente alarmante: el robo sistemático de baterías, cobre y equipos en torres de telecomunicaciones.
El pasado lunes 28 de abril, un apagón dejó sin luz a gran parte de España, revelando un segundo apagón en las telecomunicaciones. En pocas horas, los usuarios se encontraron sin telefonía móvil ni acceso a datos, afectando no solo servicios básicos, sino también pagos electrónicos y sistemas de emergencia.
Aunque la interrupción inicial del suministro eléctrico, que afectó al 60% del territorio en menos de cinco segundos, fue la causa principal de la caída, otro factor ha obstaculizado gravemente el restablecimiento de las comunicaciones: el robo de infraestructuras críticas.
Durante el último año, los robos en infraestructuras de telecomunicaciones han aumentado de manera preocupante. Solo en 2024, se registraron más de 4,400 robos de cableado de cobre y otros materiales, un aumento del 87% desde 2019. Las bandas organizadas sustraen principalmente cables de cobre, baterías de respaldo, equipos electrónicos y, en algunos casos, paneles solares o generadores.
Operadores como Movistar, Vodafone o MásOrange han tenido que establecer protocolos de emergencia, incluyendo enterrar baterías de repuesto para usarlas solo en caso de necesidad urgente. Las estaciones base móviles, durante el apagón, solo contaban con baterías para 2 a 4 horas, quedándose sin servicio hacia las 17:00 horas debido a la saturación de comunicaciones.
La falta de generadores y las diferencias entre infraestructuras de respaldo provocaron una desconexión casi total en varias regiones. Baleares, por ejemplo, tuvo que activar su Plan Territorial de Emergencias.
Las bandas organizadas, algunas de origen en Europa del Este, operan de forma coordinada para saquear infraestructuras, manejando un mercado ilícito de cerca de 6 mil millones de euros. La sustracción de pequeñas cantidades de cobre evita la imputación penal directa, permitiendo una impunidad que es aprovechada para exportar los materiales principalmente a mercados asiáticos.
La ausencia de un marco legal adecuado que reconozca el impacto de estos robos ha llevado a las operadoras a reducir sus inversiones en respaldo energético por temor a pérdidas. Esto debilita la capacidad de respuesta ante emergencias reales.
El apagón coincidió también con el robo de cableado en una red del AVE, interrumpiendo varios trenes. Pese a que el valor del cobre robado no superaba los 300 euros, los daños ascendieron a cientos de miles de euros, evidenciando una desconexión entre el daño real y el tratamiento jurídico del delito.
Este panorama subraya la necesidad de un Plan Nacional de Resiliencia en Infraestructuras Críticas que integre aspectos energéticos, tecnológicos y de seguridad. Proteger las telecomunicaciones, pieza clave en la vida cotidiana y en la estructura estatal, debe ser una prioridad estratégica. La protección de las redes de comunicación debe ser equiparable a la ciberseguridad o a la defensa energética, en un entorno donde el crimen organizado y los ciberataques son crecientes amenazas.
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