La próxima cumbre de biodiversidad COP16, que se celebrará en Cali, ha puesto de manifiesto una alarmante situación en Colombia: la seguridad de los defensores del medio ambiente está en riesgo. Según un reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, desde el acuerdo de paz con las FARC en 2016, se han registrado 248 homicidios de líderes ambientales, siendo 2023 el año más letal con 44 asesinatos. Estos defensores, en su mayoría indígenas, afrodescendientes y campesinos, luchan por la protección de la tierra y un medioambiente limpio, y son principalmente atacados por grupos armados ilegales en regiones como el Pacífico, Amazonas y Orinoco. Cauca, Chocó y Nariño han sido identificados como los principales focos de violencia, coincidiendo con las áreas de mayor presencia de disidencias de las FARC y organizaciones paramilitares como el Clan del Golfo.
A pesar de estos desafíos, el Gobierno de Gustavo Petro ha mostrado compromisos para reducir esta violencia, aunque los datos del informe de la ONU indican que los homicidios de defensores ambientales aumentaron un 18,9% en un año. La ONU insta al gobierno a reconocer el trabajo vital de estos defensores, mejorar los mecanismos de protección y financiar adecuadamente los sistemas establecidos por el Acuerdo de Escazú para proteger a los activistas ambientales. Además, se destaca la necesidad de abordar la expansión de grupos armados que buscan explotar recursos naturales de manera ilícita, contribuyendo a la deforestación y a la minería ilegal. Al inicio de la cumbre, el gobierno colombiano ha reafirmado su compromiso de elevar las voces de líderes indígenas y campesinos, con la esperanza de aumentar el reconocimiento y la protección de quienes defienden el medioambiente.
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