El Ayuntamiento de Madrid ha intensificado sus esfuerzos para proporcionar asistencia especializada a personas refugiadas y migrantes. El Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad gestiona un servicio gratuito de asesoramiento jurídico en materias de extranjería, racismo e intolerancia, dirigido a facilitar la incorporación de estas personas a la vida social y económica de la ciudad.
En lo que va del año, el servicio ha experimentado un aumento significativo en la demanda. Entre enero y julio de 2024, se atendió a 4.744 personas, lo que representa un incremento del 10 % con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 4.478 atenciones. Las consultas han girado principalmente en torno al arraigo, con 1.942 solicitudes, seguidas de 958 relacionadas con asilo y 545 con la adquisición de la nacionalidad. Además, se recibieron 370 consultas sobre autorizaciones de residencia, 140 sobre autorizaciones de trabajo y nueve sobre casos de discriminación.
Los distritos con mayor número de usuarios de este servicio son Usera, con 414 personas atendidas; Puente de Vallecas, con 373; y San Blas, con 349. Las nacionalidades predominantes entre los demandantes de este servicio son peruanos (1.115), colombianos (900) y venezolanos (567). Por tramos de edad, las personas de entre 31 y 50 años constituyen el grupo más numeroso, con 2.419 solicitantes, seguidas por las personas de entre 18 y 30 años (999).
El servicio es proporcionado por abogados especializados y ofrece orientación personalizada en temas de autorización de residencia y trabajo, arraigo social, visados, nacionalidad, expulsión, reagrupación familiar, racismo y xenofobia, derecho de asilo y acceso a la justicia gratuita. En particular, se proporciona defensa jurídica gratuita en casos de racismo que presenten relevancia penal.
Este recurso está disponible en la mayoría de los centros de servicios sociales de los distritos y en las dos oficinas municipales de información y orientación para la integración de población inmigrante, bajo cumplimiento de los requisitos según el tipo de consulta.
Para las consultas de arraigo, se requiere que la persona solicitante haya residido en España durante más de tres años, tenga una oferta de empleo o medios económicos suficientes, y no posea antecedentes penales ni en su país de origen ni en España. Para el reagrupamiento familiar, únicamente pueden solicitarlo los residentes legales con autorización de residencia renovada. En los casos de racismo, cualquier persona que considere haber sido víctima de un delito por razones de origen racial, étnico, nacional, cultural o religioso puede acceder al servicio.
