El Gobierno español, bajo la dirección de Pedro Sánchez, reconoce su incapacidad para proporcionar datos actualizados sobre el número de violadores que se han beneficiado de reducciones de penas tras la aplicación de la Ley del ‘sólo sí es sí’, promovida por Irene Montero. Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial de hace más de un año, 1.233 presos podrían haberse beneficiado de esta legislación, con 126 excarcelaciones incluidas. El Ministerio de Justicia, liderado por Félix Bolaños, afirma no disponer de datos precisos debido a que los órganos judiciales no registran el motivo de las modificaciones de condena en el Registro Central de Penados. A esto se suma la ausencia de información sobre delincuentes sexuales que han cambiado de sexo utilizando la Ley Trans, complicando el seguimiento de delitos sexuales previos al cambio de género.
Paralelamente, el Ejecutivo ha corregido un error en la normativa sobre la difusión de datos de mujeres violadas, introducido en la Ley del ‘sólo sí es sí’ y corregido aprovechando la tramitación de la Ley de Paridad. La laguna normativa permitía la divulgación de datos personales de víctimas de violencia sexual por un error de referencia legal entre la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que ha sido rectificado para proteger a las víctimas. El Ministerio de Igualdad, tras dos años, ajustó la legislación para asegurar la confidencialidad de las víctimas, alineando la normativa con la intención original del legislador. Esta situación pone de relieve las debilidades en la gestión y control de datos sensibles por parte del Gobierno ante cambios legislativos recientes.
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