La retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, una de las decisiones más controvertidas del mandato de Joe Biden, ha marcado un antes y un después tanto en términos políticos como sociales. Tras dos décadas de presencia militar, la salida de Estados Unidos facilitó el regreso al poder de los talibanes y ha condenado nuevamente a la población afgana, especialmente a las mujeres y niñas que enfrentan una represión sin precedentes. En su discurso, Biden evitó abordar de manera directa las repercusiones de su política en los derechos de las mujeres afganas, destacando más bien el ahorro económico que supone para Estados Unidos el fin de la intervención. Actualmente, tres ciudadanos estadounidenses permanecen detenidos en Afganistán en medio de negociaciones con los talibanes, resaltando la complejidad de la situación post-retiro.
Rina Amiri, enviada especial de Estados Unidos para las mujeres afganas, ha sido una voz crítica respecto a la dirección que ha tomado el país tras la salida de las tropas. Amiri describe un panorama devastador, agravado por más de 80 decretos talibanes que limitan los derechos fundamentales de las mujeres y niñas, negándoles educación, expresión y servicios básicos de salud. A pesar de los esfuerzos internacionales para negociar con la élite talibán y el deseo del pueblo afgano de ver cambios, los avances son escasos. La comunidad internacional advierte que la rehabilitación del régimen talibán y el alivio de sanciones dependen del respeto a los derechos humanos. A pesar del contexto sombrío, Amiri mantiene la esperanza de que el futuro pueda ser diferente si continúan las presiones y apoyos a aquellos afganos que desean un cambio.
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