En una audiencia prolongada, el Gobierno de Trump no logró definir sus planes de deportación para Kilmar Abrego García, un salvadoreño detenido por el ICE en Pensilvania. La jueza de Maryland, Paula Xinis, había dado 48 horas al Gobierno para aclarar sus pasos hacia la expulsión de Abrego, quien fue deportado por error en marzo y retornado a EE.UU. para enfrentar cargos penales. Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, denunció que la detención de su cliente es un castigo y criticó que el Gobierno no haya explorado opciones viables como su envío a Costa Rica, el único país que acepta recibirlo como refugiado sin condiciones que impliquen confesión de culpabilidad.
Funcionarios del Gobierno han intentado negociar con países africanos como destinos potenciales para Abrego, pero sin éxito. Naciones como Esuatini y Ghana han rechazado su recepción. Paralelamente, Abrego se ha convertido en símbolo de deportaciones injustas y enfrenta un caso penal en EE.UU. por presunto tráfico de personas. El juez federal Waverly Crenshaw Jr. sugirió que las acciones contra Abrego podrían ser vengativas debido a presiones gubernamentales. Además, se reabrió una investigación tras su regreso forzado desde El Salvador, donde sufrió presuntos maltratos. Su reasentamiento en EE.UU. sigue siendo incierto, mientras su solicitud de asilo ha sido denegada y está pendiente de apelación.
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