El reciente incendio en la Mezquita de Córdoba, originado por una barredora eléctrica, ha reavivado el debate sobre su gestión, actualmente a cargo del Cabildo. La controversia se centra en la titularidad y administración del monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad. Críticos argumentan que el Cabildo, que adquirió la titularidad en 2006, ha demostrado ineptitud en la conservación del edificio histórico. En respuesta, el Ayuntamiento de Córdoba ha propuesto un nuevo organismo de gestión que incluirá a todas las administraciones pertinentes junto al Obispado, buscando una gestión más colaborativa y transparente que podría ser formalizada antes de fin de mes.
La creación de este organismo es vista como un paso significativo hacia una gestión más equilibrada, atrayendo atención de entidades como la Unesco, que podría exigir responsabilidades a través del Ministerio de Cultura. Sin embargo, persisten dudas sobre la efectividad real de este nuevo ente, especialmente por el poder de decisión que aún retiene el Cabildo. Mientras el Ayuntamiento y los grupos políticos como el PSOE y Hacemos Córdoba celebran la medida, la comunidad científica y plataformas ciudadanas mantienen un escepticismo prudente, abogando por una inclusión efectiva de la sociedad civil en el proceso y recordando la histórica importancia de preservar el legado andalusí del monumento.
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