El mercado de la vivienda en España ha experimentado un notable incremento a lo largo de 2024, reflejando cifras interanuales positivas, especialmente durante la segunda mitad del año. No obstante, este crecimiento está acompañado de una problemática significativa: la falta de oferta, que ha provocado un notable aumento en los precios, apuntando a la necesidad urgente de desarrollar el parque de vivienda pública para atender a los sectores más vulnerables de la sociedad.
En este escenario, Tecnotramit, una entidad clave en el sector, ha destacado las crecientes dificultades que enfrenta el modelo de promoción pública de alquiler en España. Un claro indicador de la situación es la escasa participación de oferentes en las licitaciones, reflejo de los cuatro principales obstáculos que desafían actualmente a los promotores de alquiler social.
Uno de los factores más críticos es el aumento del 38% en los costes de construcción en la última década. Este incremento no solo se debe a la subida en los precios de los materiales, sino también a la dificultad creciente para encontrar mano de obra cualificada, un problema que añade presión a los ya ajustados márgenes de los promotores.
La limitación del precio de los módulos aparece como el segundo obstáculo relevante. Aunque algunas comunidades autónomas han revisado estas restricciones, la regulación de los precios sigue siendo un impedimiento que minimiza las potenciales ganancias de los promotores, desincentivando así la construcción de viviendas protegidas.
Un tercer desafío es el aspecto financiero. La transición de un modelo de construcción orientado a la venta hacia uno enfocado en el alquiler abre nuevos frentes financieros. La ausencia de preventas, que en el pasado proporcionaban anticipos de capital, ahora complica el acceso a los recursos necesarios para inversión. Además, la dificultad para compartir el riesgo de crédito entre compradores limita la participación de la banca comercial, impactando principalmente a los promotores más pequeños y medianos.
Finalmente, Vicenç Hernández Reche, economista y CEO de Tecnotramit, subraya la carga fiscal sobre la construcción y el mantenimiento de viviendas como un aspecto que también necesita atención urgente. Destaca que hasta un 45% del ingreso de un arrendatario en derecho de superficie se destina al pago de impuestos, reiterando la necesidad de una revisión fiscal que favorezca el crecimiento del sector.
Enfrentando estos desafíos, se hace imperativo encontrar soluciones que aborden estas barreras para crear un entorno donde la promoción pública de alquiler sea viable. Solo así se podrá garantizar que el acceso a la vivienda se extienda también a los grupos más desfavorecidos, cumpliendo así con una de las necesidades más básicas y fundamentales de la sociedad.
