En Cataluña, región donde casi el 20% de los ciudadanos supera los 65 años, la digitalización plantea un desafío significativo para muchos adultos mayores que no acceden a aplicaciones ni a páginas web municipales. En respuesta a esta problemática, Bleta, una startup especializada en tecnología accesible, ha lanzado el sistema «Connecta en Gran», diseñado para facilitar la recepción de avisos municipales por parte de este grupo etario. Esta iniciativa ha sido apoyada y recomendada por la Associació Catalana de Municipis, con once ayuntamientos ya implementando la solución.
La importancia de la accesibilidad digital en el sector público sigue creciendo, no solo como un aspecto técnico, sino como un requisito fundamental para la inclusión. Monitorizaciones de la Comisión Europea indican que en varios países, más del 90% de los sitios web públicos presentan fallos en accesibilidad según las normativas EN 301 549 y WCAG 2.1 del W3C. Aunque la Directiva 2016/2102 focaliza principalmente el sector público, la Directiva 2019/882, conocida como European Accessibility Act, extiende estas obligaciones a ciertos servicios digitales privados, incluyendo sectores como la banca y telecomunicaciones. En España, la Ley 11/2023 adapta estas directrices al contexto nacional, con estructuras de supervisión y sanciones incluidas.
Otros países europeos han adoptado medidas similares. En Austria, el organismo regulador KommAustria sancionó a la radiotelevisión pública ORF por incumplir con normas de accesibilidad. De forma paralela, en Alemania, la Ley Federal de Igualdad de las Personas con Discapacidad contribuye a implementar numerosos procesos legales por deficiencias en la accesibilidad web de entidades públicas.
La urgencia de estas medidas se ve subrayada por la creciente brecha digital. Datos recientes del Instituto Nacional de Estadística español revelan que, aunque el 95,8% de la población de entre 16 y 74 años ha utilizado internet en los últimos tres meses, el uso entre personas mayores de 65 años es significativamente menor, enfatizando la necesidad de crear soluciones más inclusivas.
Desde Bleta, su CEO, Isabel García, insiste en que cumplir las normativas no garantiza una experiencia adecuada para el usuario. A pesar de los avances señalados por los informes oficiales, los altos índices de incumplimiento persisten. Con la expansión de las normativas al sector privado, las organizaciones deben revisar sus estructuras y procesos para alinearse con estas exigencias.
El sistema «Connecta en Gran» ya se ha adoptado en trece ayuntamientos españoles, incluyendo Cassà de la Selva y Cabrera de Mar. Su meta es simplificar el acceso a trámites digitales para adultos mayores y reducir las incidencias administrativas. Gerard Pinar, COO de Bleta, resalta la importancia de una experiencia de uso eficaz: «Una auditoría puede confirmar el cumplimiento técnico, pero si el usuario sufre al completar el trámite, eso se traduce en reclamaciones y desconfianza».
De cara a 2026, la accesibilidad digital emerge como un eje clave para el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos, convirtiéndose en una prioridad inaplazable tanto para administraciones públicas como para empresas.
