El auge del alquiler por habitaciones como estrategia de inversión inmobiliaria está generando una serie de interrogantes respecto a su tratamiento fiscal. Este modelo de negocio, que ofrece una alternativa a los tradicionales alquileres completos de viviendas, obliga a los propietarios a familiarizarse con las normativas fiscales para evitar sanciones y optimizar la rentabilidad neta de sus inversiones.
Al igual que sucede con los alquileres tradicionales, los ingresos provenientes del alquiler por habitaciones deben declararse como rendimientos de capital inmobiliario en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta obligación fiscal viene acompañada de la posibilidad de deducir ciertos gastos inherentes a la propiedad. Entre ellos se incluyen los costes de comunidad de vecinos, intereses de préstamos hipotecarios, seguros de vivienda, impuestos locales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y gastos de suministros, en la medida en que son asumidos por el arrendador. Dichas deducciones ofrecen la ventaja de que los propietarios tributen únicamente sobre los ingresos netos.
Uno de los incentivos más atractivos para los arrendadores es la reducción del 50% de los ingresos sujetos a tributación, siempre y cuando la habitación alquilada constituya la residencia habitual del inquilino durante más de un año. Esta reducción no solo exige un contrato claro que refleje tal uso, sino también la permanencia del inquilino por el tiempo estipulado, sirviendo como precursor del ahorro fiscal.
El alquiler a estudiantes, sin embargo, plantea desafíos adicionales. La Agencia Tributaria suele examinar con minuciosidad estos casos, ya que la potencial declaración de los estudiantes junto a sus padres como parte de su hogar habitual puede complicar la aplicación de la mencionada deducción. No obstante, superado el primer año, las posibilidades de acogerse a esta reducción fiscal se amplían.
No se puede pasar por alto la diferencia crucial en el tratamiento de los alquileres a corto plazo. Si la estancia de los inquilinos es inferior a seis meses de media, la vivienda podría clasificar como un piso turístico, requiriendo permisos especiales y alterando el régimen fiscal aplicable. Además, la provisión de servicios adicionales, como la limpieza, podría reconfigurar la naturaleza del arrendamiento hacia una actividad económica, sujeta a IVA.
En los casos en los que las habitaciones se alquilan dentro de la vivienda principal del arrendador, es imprescindible calcular los gastos deducibles de manera proporcional. La falta de un adecuado conocimiento sobre estas obligaciones tributarias puede acarrear problemas con Hacienda. Al mismo tiempo, estar al tanto de las normativas vigentes es crucial para sacar el máximo provecho a la inversión sin contratiempos legales.
