El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido implementar un cambio radical en la transición escolar en la Comunidad de Madrid, un movimiento que ha generado controversia y críticas por parte de diversos sectores. La nueva medida establece que los estudiantes de educación primaria permanecerán en sus colegios durante los dos primeros años de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), rompiendo con la tradición de avanzar a un instituto al finalizar la primaria. Según el gobierno regional, este cambio busca proporcionar un entorno más protegido para los adolescentes, evitando problemas de acoso y violencia asociados a los institutos. Sin embargo, críticos sostienen que la medida carece de lógica pedagógica y que no cuenta con la inversión necesaria para asegurar un entorno de calidad, citando la falta de recursos como orientadores y aulas específicas.
Además, esta propuesta, que solo contempla hasta el segundo curso de la ESO, ha sido señalada como un retroceso hacia un sistema educativo obsoleto similar al antiguo modelo de la EGB, dejada atrás hace más de tres décadas. Las preocupaciones también se centran en la viabilidad del modelo bilingüe bajo este nuevo esquema educativo, y en la carga económica que implica el comedor escolar, cuyas becas no cubren el total del coste. La medida ha sido considerada ilegal por no cumplir con la normativa vigente en cuanto a la infraestructura necesaria para impartir secundaria. El cambio es percibido como un intento de ahorrar costos evitando la construcción de nuevos institutos, más que de aportar mejoras al sistema educativo. En respuesta, se demanda una mayor inversión en infraestructura, personal docente y recursos educativos para elevar la calidad de la educación pública madrileña.
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