En una decisión que marca un paso importante en la modernización del sector público, el Gobierno ha confirmado que la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor a partir de marzo próximo. La medida, acordada tras negociaciones con los sindicatos mayoritarios, en particular UGT Servicios Públicos, busca reducir la carga horaria sin que esto implique un incremento en las contrataciones, según aclaró la secretaria general del sindicato, Isabel Araque.
Este cambio responde al cumplimiento del Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI, suscrito por UGT y CCOO, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales en la administración pública. La implementación será escalonada, teniendo en cuenta particularidades en ámbitos como las instituciones penitenciarias y el personal sanitario y docente en Ceuta y Melilla, donde la reducción llegará aproximadamente un mes más tarde, en abril.
Desde el sindicato, se destaca que la experiencia en administraciones locales ya indica beneficios asociados a la jornada de 35 horas. Para Araque, la reducción horaria representa un avance significativo, especialmente tras la oportunidad perdida de implementar las 37,5 horas, considerada por ella como una oportunidad «histórica» que no se pudo consolidar por diversas circunstancias. La medida, además, resulta especialmente relevante para la Comunidad de Madrid, donde la presidenta regional ha manifestado que la administración estatal debe ser la primera en adoptar esta normativa antes de que pueda extenderse al nivel autonómico.
El proceso, actualmente en trámite, aún aguarda la aprobación final en la Mesa General, cuya convocatoria todavía no tiene fecha definida. Particularidades en determinadas áreas y regiones, como la región de Ceuta y Melilla, demandan ajustes específicos, que harán que la reducción se aplique en fases.
La expectativa de UGT es que entre abril y mayo se publique una nueva Oferta de Empleo Público destinada a cubrir jubilaciones parciales anticipadas con 1.040 plazas, garantizando así la continuidad de los servicios públicos y el relevo generacional. En paralelo, el sindicato busca unificar la normativa sobre teletrabajo, ya que en la actualidad cada ministerio regula esta modalidad de forma autónoma, lo que genera desigualdades dentro de la función pública.
Otra de las inquietudes del sindicato se centra en la situación del personal laboral en la jubilación parcial anticipada. UGT ha reclamado al Ministerio de Seguridad Social que no punteará negociaciones sobre otras materias hasta que se establezca un marco claro para este colectivo, con un desarrollo legislativo pendiente y de gran relevancia para asegurar derechos y condiciones laborales.
En el ámbito político y social, UGT ha anunciado que establecerá contactos con diversos partidos para promover un pacto social en defensa de los servicios públicos, fortaleciendo así el debate sobre la inversión en la administración pública y enfrentándose a las políticas de recorte que, en su opinión, debilitan el sector.
La experiencia en otras administraciones ya refleja que la jornada de 35 horas ha generado diversas mejoras en la gestión y en la calidad de los servicios. Sin embargo, el sindicato lamenta que las expectativas de una implantación más ambiciosa, como las 37,5 horas, no se hayan materializado, considerándolo un atraso para el impulso del sector público.
En paralelo, la organización sindical mantiene su atención en la regulación del teletrabajo y en la protección del personal en proceso de jubilación parcial, reiterando la necesidad de legitimizar estos derechos mediante una normativa clara y negociada. La expectativa es que la próxima oferta de empleo público, prevista para los próximos meses, ofrezca la oportunidad de reforzar las plantillas, garantizando así la prestación eficiente de los servicios públicos esenciales y el relevo generacional en un contexto de modernización y transformación del estado.
