El reciente decreto propuesto por el Govern de Illa y ERC busca establecer un marco operativo detallado para la Agencia Tributaria Catalana (ATC). Este contrato programa determinará las estrategias, objetivos, y recursos financieros necesarios, además de las actividades específicas a desarrollar. Dentro del nuevo esquema, se crearán dos cuerpos tributarios: el Cuerpo de Agentes Tributarios, que gestionará procedimientos y asistirá a la ciudadanía con las declaraciones; y el Cuerpo Superior de Informática Tributaria, encargado de analizar y estructurar la información tributaria, además de implementar nuevas tecnologías.
El decreto también otorga a la ATC plena autonomía en la gestión de personal y la negociación de condiciones laborales, así como la aprobación de su oferta pública de empleo. Sin embargo, esta reestructuración ha generado preocupación entre los funcionarios actuales. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha reaccionado negativamente, cuestionando la legalidad de trasladar personal sin su consentimiento y alertando sobre un posible atentado a la autonomía de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
La inquietud se refleja también en la postura del sindicato Gestha, que advierte sobre el complicado traspaso de personal de la AEAT al organismo catalán, en especial cuando una amplia mayoría de los empleados rechaza la idea. Gestha señala que, aunque se ofrezcan mejores condiciones laborales, la falta de lazos afectivos y familiares disuadirá a muchos de aceptar el cambio. Además, destaca las dificultades recientes de movilidad, con un notable descenso en los traslados solicitados.
Por su parte, Francisco de la Torre, un inspector de Hacienda, critica el decreto por emplear recursos en un ámbito considerado ilegal bajo las leyes estatales actuales. Según De la Torre, esta duplicidad de funciones representa un gasto innecesario y es solo el primer costo de lo que denomina «la factura del cupo catalán». La situación genera dudas sobre la viabilidad y la eficiencia de esta nueva estructura tributaria autonómica.
Fuente: Gestha
