El debate sobre la carga fiscal que soportan los trabajadores con salario mínimo interprofesional (SMI) en España ha vuelto al centro de atención, tras un enfrentamiento en el Congreso entre José María Figaredo, diputado de Vox, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Las cifras y argumentos de ambas partes han generado polémica y han reabierto la discusión sobre la verdadera presión fiscal en este segmento de la población.
En 2024, el salario mínimo interprofesional en España se sitúa en 15.876 euros brutos anuales. Figaredo afirmó que más del 50 % de esta cantidad es absorbida por el Estado a través de impuestos y cotizaciones. Montero, en cambio, negó la afirmación al señalar que el SMI está exento del IRPF. Sin embargo, este impuesto no es la única vía mediante la cual los trabajadores contribuyen al erario público.
Aunque el IRPF no aplica al SMI, los trabajadores afrontan una serie de impuestos y cotizaciones obligatorias que suman una cantidad significativa. El IVA y los impuestos indirectos, como los impuestos especiales sobre hidrocarburos, alcohol, tabaco y seguros, impactan considerablemente en los bolsillos de estos trabajadores. Las cotizaciones a la Seguridad Social también representan una parte sustancial del salario.
Sumando estas contribuciones, los trabajadores con SMI pagan, de media, 3.612 euros anuales, lo que supone un 22,8 % de su salario bruto. A esto se añaden las cotizaciones empresariales, que elevan aún más el coste laboral total. Esto eleva el coste laboral total del empleado a 20.713 euros anuales. Si se considera este coste total, el trabajador con SMI genera un valor añadido del que el Estado recauda aproximadamente 8.449 euros anuales, o el 40 % de la suma total. Este cálculo ajustado refleja una presión fiscal mucho más cercana a lo planteado por Figaredo que a lo insinuado por la ministra Montero.
El debate no debe centrarse únicamente en cuánto paga el trabajador, sino también en lo que recibe a cambio. Es cierto que los trabajadores con salarios bajos suelen beneficiarse de transferencias públicas y servicios como sanidad y educación, lo que podría compensar, al menos en parte, la carga fiscal. Sin embargo, el saldo neto de estas contribuciones y beneficios sigue siendo un tema abierto a discusión.
El análisis de las contribuciones fiscales de los trabajadores con SMI pone de manifiesto la complejidad del sistema tributario español. Mientras que las cifras absolutas de impuestos y cotizaciones son significativas, también es cierto que los trabajadores con salarios bajos suelen recibir apoyo del Estado. Sin embargo, la narrativa debe ser clara: el trabajador con SMI sí contribuye de manera notable al sistema, y omitir este hecho distorsiona el debate sobre la sostenibilidad fiscal y la equidad tributaria en España.
