La batalla legal contra el presidente Donald Trump se intensifica con la reciente demanda presentada por varias organizaciones en respuesta al polémico grupo de trabajo destinado a reformar la administración pública, liderado por Elon Musk. La Federación Estadounidense de Empleados Federales (AFGE) ha criticado al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado por Trump, señalando que va en contra de la Ley del Comité Asesor Federal (FACA). Las acusaciones destacan la falta de equilibrio en los puntos de vista representados y las prácticas opacas respecto a las reuniones y registros del grupo. La AFGE afirma que esta iniciativa, que prometía optimizar el gasto público mediante reformas estructurales, carece de la transparencia y diversidad necesarias para su funcionamiento efectivo y adecuado.
La querella no se limita solo a estos argumentos. Public Citizen y State Democracy Defenders Fund se han unido a la AFGE en esta cruzada legal, enfatizando que el grupo liderado por Musk está «plagado de conflictos de intereses» y contaminado por las visiones sesgadas de la clase multimillonaria libertaria. Robert Weissman, copresidente de Public Citizen, ha subrayado estas preocupaciones en un comunicado conjunto. Esta es la segunda denuncia presentada esta semana, tras la acción legal de National Security Counselors que también acusa al grupo de violar los principios de transparencia establecidos por la FACA. A pesar de estos problemas y de la reciente salida de Vivek Ramaswamy del grupo para perseguir una carrera política en Ohio, Trump continúa defendiendo la reestructuración propuesta como un mecanismo crucial para sanear las finanzas públicas.
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