La presidenta regional ha expresado su preocupación respecto al reciente acuerdo catalán, calificándolo como un paso hacia una «economía intervenida». Durante una rueda de prensa, criticó las medidas contempladas en el acuerdo, argumentando que podrían llevar a un control estatal excesivo sobre el mercado y afectar negativamente la autonomía de las comunidades. Su principal inquietud radica en las posibles restricciones a la competitividad y el libre mercado, fundamentales, según ella, para el desarrollo económico y social de la región.
Ante esta situación, la líder regional ha decidido llevar el asunto a los tribunales, buscando frenar la implementación del acuerdo. La acción legal busca garantizar lo que considera una protección necesaria del crecimiento económico y las competencias autonómicas. La decisión se enmarca en un contexto de creciente tensión política entre las autoridades regionales y el gobierno central, elevando el debate sobre el equilibrio de poderes en la gestión económica del país.
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