En un contexto de polémica económica y política, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha examinado el impacto de la condonación de la deuda regional impulsada por el Ejecutivo central. Durante una reciente comparecencia, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha manifestado su insatisfacción con la medida, subrayando que «la deuda no ha desaparecido, sigue ahí.» Según explicó, ahora será el Estado quien asuma esas responsabilidades, transformando las obligaciones financieras de ciertas comunidades en una carga compartida por todos los españoles.
El análisis presentado detalla cómo esta medida se ha implementado sin consultar a todas las comunidades autónomas, una acción unilateral derivada del acuerdo del Gobierno de España con Esquerra Republicana de Cataluña. Albert ha criticado duramente la metodología empleada por el Ministerio de Hacienda para la condonación, calificándola de «traje a medida para Cataluña».
La consejera ha señalado que para justificar el argumento de infrafinanciación catalana, se han creado dos tramos que permiten ajustar las cifras a las exigencias de ERC. Este modelo, según Albert, premia el endeudamiento y la elevada carga fiscal, castigando a regiones como Madrid, que han mantenido una gestión económica más disciplinada.
La reacción de la Comunidad de Madrid es clara ante lo que consideran una penalización injusta. Según Albert, Madrid dejará de ser la región con menor porcentaje de deuda, solo superada ahora por Asturias, y en cifras absolutas, subirá del cuarto al tercer lugar. Esta situación es vista como una injusticia flagrante para los madrileños y una distorsión del equilibrio financiero interregional.
De cara al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, la administración de Isabel Díaz Ayuso pretende adoptar una postura firme. La Comunidad de Madrid se opone a cualquier negociación que suponga que sus ciudadanos, junto al resto de los españoles, asuman la deuda de los nacionalistas catalanes, a quienes Albert acusa de malversar los recursos de sus ciudadanos «con impunidad y desvergüenza». Esta reticencia refleja el descontento creciente en varias regiones por lo que perciben como un desequilibrio en la gestión de la deuda pública por parte del Gobierno central.
