El nuevo diseño del impuesto a la banca en España ha generado un notable impacto diferencial en las principales entidades financieras. Mientras que Banco Sabadell verá una reducción en su carga fiscal de 203 millones a aproximadamente 173 millones, favoreciendo una mejora en su beneficio por acción del 1,9%, BBVA enfrentará un aumento significativo debido a la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada sobre Sabadell. Este nuevo esquema tributario ha introducido un gravamen progresivo con un tipo máximo del 7%, lo que resultará en un desembolso de 367 millones para BBVA, por encima de los 325 millones que hubiera pagado con el sistema anterior. No obstante, debido a su diversificación geográfica, el impacto en sus beneficios se considera «irrelevante» por analistas como UBS. Las beneficiadas por esta estructura serán entidades como Unicaja y Bankinter, que experimentarán considerables reducciones de sus obligaciones fiscales, mejorando sus beneficios hasta un 10% para Unicaja y un 5% para Bankinter.
Por otro lado, CaixaBank emerge como el principal perjudicado, enfrentando una factura que se incrementa a 617 millones, frente a los 513 millones del previo diseño, con una reducción prevista en sus ganancias de hasta el 3%. Esta redistribución de cargas fiscales no ha pasado desapercibida entre las patronales del sector bancario, quienes han expresado su rechazo aludiendo a la falta de transparencia en su aprobación y la inseguridad jurídica que conlleva. Argumentan que el enfoque progresivo castiga desproporcionadamente a entidades que crean más empleo y planean recurrir el impuesto ante los tribunales. La polémica sobre esta reforma tributaria pone de relieve las tensiones entre el gobierno y el sector bancario, con implicaciones significativas para la estructura y el atractivo de las fusiones y adquisiciones en el mercado español.
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