Durante 2024, cerca de un millón de estudiantes en prácticas no remuneradas han comenzado a cotizar a la Seguridad Social en España, gracias a una reforma de las pensiones que entró en vigor el 1 de enero de este año. Esta medida considera el periodo de prácticas para la jubilación futura, marcando un avance significativo en la extensión de derechos laborales a los becarios, quienes hasta ahora no contaban con este beneficio a menos que percibieran una compensación económica. Desde que se implementó este derecho, 925.266 estudiantes han estado dados de alta en algún momento, lo que confirma el éxito de la iniciativa según el secretario de Juventud de CC OO, Adrià Junyent, y su homólogo en UGT, Eduardo Magaldi. Ambos destacan que las preocupaciones iniciales sobre un posible colapso del sistema o una reducción en las ofertas de prácticas no se han materializado.
A pesar de su éxito operativo, la implementación de este derecho ha enfrentado desafíos en términos de financiación de la cotización. Aunque la mayoría del costo está bonificada al 95% por la Seguridad Social, el restante 5% ha recaído principalmente en las universidades, especialmente en las públicas, debido a la reticencia de muchas empresas y administraciones públicas a asumir estos costes. María Antonia Peña, presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), comenta que esta situación no ha impedido que las prácticas sigan adelante, pero sí ha creado una carga administrativa adicional para las instituciones académicas. En paralelo, la comunidad educativa y laboral espera la aprobación del Estatuto del Becario, una norma que aspira a regular aún más las condiciones de las prácticas, incluido el reembolso de gastos para los estudiantes, a pesar de ciertas resistencias por parte de los rectores y las complicaciones políticas y administrativas que han retrasado su tramitación.
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