El Partido Popular (PP) ha puesto en el punto de mira una serie de presuntas irregularidades en una contratación valorada en 1,6 millones de euros a una empresa implicada en una trama de corrupción, relacionada con la ejecución de obras en una localidad de la Comunidad de Madrid. Según las declaraciones de los miembros del PP, el contrato habría sido adjudicado durante el actual mandato de la alcaldesa del PSOE-M, en un proceso administrativo que ellos consideran opaco y que requiere una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.

Por su parte, la alcaldesa socialista ha salido al paso de las acusaciones señalando que la obra en cuestión no fue gestionada por la administración local, sino ejecutada directamente por el Ministerio de Transportes. En un intento de disipar las dudas, la alcaldesa ha defendido la transparencia de su gestión, asegurando que desde el consistorio siempre se ha colaborado con cualquier requerimiento en torno al desarrollo de dichas obras. Este cruce de acusaciones llega en un contexto político ya tenso, abriendo un nuevo capítulo en la ya compleja relación entre las administraciones local y central.

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