La reciente cumbre de la OTAN en La Haya ha reavivado el debate sobre el gasto en defensa entre sus 32 miembros, especialmente tras la insistencia de Estados Unidos en alcanzar un objetivo del 5% del PIB para 2035. Este cambio de dirección ha sido atribuido en gran parte a la política de Donald Trump, quien expresó su descontento con la postura de España, liderada por Pedro Sánchez, que se niega a aumentar su gasto militar a ese nivel. A pesar de la presión, Sánchez argumentó que el 2,1% del PIB actual es suficiente para cumplir con las capacidades acordadas y refutó la posibilidad de alcanzar el 3,5% en 2029 o el 5% en la próxima década.
Sin embargo, la cumbre reveló una OTAN dividida, donde países como Polonia y los bálticos ya están cerca de alcanzar el objetivo propuesto por Estados Unidos, mientras que otros, como España, se muestran reticentes. La presión ejercida por Trump ha generado tensiones, y aunque se han alcanzado compromisos políticos, las diferencias en los niveles de inversión podrían comprometer la cohesión de la Alianza. A esto se suma el cuestionamiento sobre la autonomía estratégica de la Unión Europea, que, en medio de esta dinámica, se ve obligada a considerar su futuro en un contexto donde la defensa se articula en torno a la OTAN, limitando su capacidad para establecer una política independiente.
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