Esta semana, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer un significativo recorte de 377 millones de dólares en la financiación destinada al Fondo de Población de la ONU (UNFPA), una medida que ha suscitado una ola de preocupación a nivel internacional debido a las posibles «consecuencias devastadoras» que podría acarrear para mujeres y niñas en todo el mundo. Según un comunicado emitido por la agencia de la ONU, el 26 de febrero se notificó la cancelación de prácticamente todas las subvenciones provenientes de USAID y el Departamento de Estado, poniendo en jaque 48 proyectos cruciales.
Este recorte presupuestario amenaza con interrumpir el acceso a atención sanitaria materna crítica, protección contra la violencia, tratamiento de violaciones y otros cuidados esenciales en zonas de crisis como Gaza, Sudán y Ucrania. El papel de UNFPA en estos contextos ha sido vital para reducir la mortalidad materna, garantizar la seguridad en los partos y combatir la violencia de género.
Colaborando activamente en más de 150 países, UNFPA persigue un ambicioso objetivo de cara a 2030: erradicar las necesidades insatisfechas de planificación familiar, la mortalidad materna evitable, las violencias de género y prácticas dañinas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Sin embargo, la reducción de fondos pone en peligro programas cruciales en países como Afganistán, Chad, República Democrática del Congo, Haití, Mali, Sudán, Siria y Ucrania.
La decisión de retirarse de financiar a organizaciones humanitarias no es un hecho aislado. Desde finales de enero, Estados Unidos ha venido tomando medidas que reducen la ayuda internacional, exponiendo a millones a situaciones de vulnerabilidad. El pasado ha visto acusaciones por parte de Estados Unidos hacia UNFPA de respaldar abortos coercitivos, cargos que han sido negados rotundamente por diversas administraciones y por la propia agencia, que ha reafirmado su compromiso con garantizar derechos y opciones para todos.
En la actualidad, UNFPA continúa dependiendo de donaciones voluntarias de gobiernos y otras organizaciones para sostener su misión de empoderar a mujeres y niñas en situación de riesgo, destacando la importancia fundamental de estos proyectos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. La incertidumbre generada por la retirada de fondos por parte de Estados Unidos resalta la necesidad de un apoyo internacional más sólido y constante para no retroceder en los avances conseguidos en las últimas décadas.